Proponen que el acceso a Internet sea considerado un Derecho Humano
Es un proyecto del Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Roy Cortina
El Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Roy Cortina -Bloque Partido Socialista- presentó un proyecto de ley para declarar el acceso a Internet como derecho humano en el ámbito de la Ciudad. “En el mundo actual, contar con acceso a Internet resulta esencial para el ejercicio de una amplia variedad de derechos que van desde la libertad de expresión y la participación política, hasta el derecho a la educación y la cultura, pasando por la libertad de comercio y el derecho al trabajo, entre otros" afirmó Roy Cortina.
noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el Legislador Roy Cortina:
"El proyecto tiene como objetivo reconocer el acceso a Internet como derecho humano en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a través de la provisión libre y gratuita del servicio de conexión inalámbrica en todo su territorio. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1, el Poder Ejecutivo implementará un plan progresivo para extender la Red BA WIFI que, en una primera etapa, alcanzará a las zonas con mayor población en situación de vulnerabilidad, en particular aquellas donde se encuentran emplazadas las villas de emergencia, núcleos habitacionales transitorios, asentamientos precarios.
El aprovechamiento de las herramientas de tecnología está directamente vinculado a la ampliación de las fronteras del conocimiento, la circulación de la información y el desarrollo de nuevas formas de comunicación e interacción social, que describen su enorme potencial democratizador.
En el mundo actual, contar con acceso a Internet resulta esencial para el ejercicio de una amplia variedad de derechos que van desde la libertad de expresión y la participación política, hasta el derecho a la educación y la cultura, pasando por la libertad de comercio y el derecho al trabajo, entre otros.
Desde esa perspectiva, la posibilidad diferenciada de disponer de este recurso digital por parte de los distintos sectores socio-económicos, constituye mucho más que una faceta de la desigualdad o un problema de desarrollo, una cuestión de vulneración de derechos.
Es así cómo, más allá de su valor como herramienta social, en el orcen internacional ha comenzado a transitarse un camino hacia el reconocimiento normativo del acceso a Internet como derecho humano.
En nuestra Ciudad, el Poder Ejecutivo lanzó hace algo más de tres años, la Red BA WIFI que actualmente cuenta con alrededor de trescientos ochenta puntos de conexión gratuita a Internet, distribuidos en edificios públicos, parques, plazas, estaciones de subte y metrobús.
Fue una iniciativa del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología que se planteó como finalidad mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de la Ciudad de Buenos Aires, además de la promoción de la inclusión digital.
Sin dudas, constituyó un adelanto pero la realidad de los sectores más postergados muestra que todavía falta transitar un camino para alcanzar el segundo de los objetivos planteados, reducir la brecha digital y garantizar el acceso universal a Internet.
Profundizando esa huella y en sintonía con todos los valiosos antecedentes comparados que describimos, el proyecto que venimos a presentar se propone reconocer legalmente al acceso a Internet como derecho humano en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Como contrapartida, hace responsable al Estado de la obligación de garantizar la provisión libre y gratuita del servicio de conexión inalámbrica en todo el territorio porteño, a través de un proceso progresivo de extensión de la Red BA WIFI que comience por las zonas con población en situación de vulnerabilidad y, en particular, las villas de emergencia, los núcleos habitacionales transitorios y los asentamientos precarios.
Creemos que con este tipo de propuestas no sólo estamos potenciando los alcances del Plan Sarmiento y Conectar Igualdad, sino también y fundamentalmente, contribuimos a que los beneficios de la innovación tecnológica comprendan al conjunto de la ciudadanía y a hacer efectiva la igualdad real de oportunidades que el texto constitucional también asegura".