Procesaron al Ex -Ministro de Planificación Federal Julio De Vido

El Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Sebastián Casanello decretó el procesamiento del Ex -Ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en el marco de la causa N° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos y otros s/ Asociación Ilícita”.

noticiasjudiciales.info reproduce texto correspondiente a informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 de la Capital Federal:

“Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, procesó al exministro Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y al exsubsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, por el delito de cohecho pasivo en el marco de la causa N° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos y otros s/ Asociación Ilícita”.

Se investigan obras de Aysa en las que participaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa asociadas con empresas argentinas. Se trata de la contratación para las obras “Planta Depuradora Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos- Supercemento-José Cartellone, y “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada al consorcio de empresas Esuco-Camargo Correa.  

Se sospecha que los empresarios habrían pagado sobornos para direccionar las contrataciones y también para reactivar pagos adeudados a las empresas.

Se amplió el procesamiento dictado el 8 de mayo de 2018 respecto de los empresarios Carlos Wagner (ESUCO SA), Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos SA) y Tito Biagini (José Cartellone Construcciones Civiles), y de las exautoridades de AySA Carlos Ben (presidente) y Raúl Biancuzzo (exdirector de infraestructura).

En esta ocasión, también se procesó en calidad de intermediario en la recepción de sobornos a Jorge Ernesto Rodríguez, contadores argentinos y a otros tres profesionales uruguayos que participaron en la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading SA, una sociedad off shore con asiento en Montevideo que recibía transferencias consideradas sobornos que Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas, enviaba en forma clandestina a funcionarios públicos.

Tanto a las empresas como a las personas involucradas se les dispusieron embargos de 511 millones de pesos.

El juzgado solicitó al Ministerio Público Fiscal - encargado de obtener la prueba obrante en Brasil - que avance en el proceso de colaboración. Destacó que los estados tienen la obligación de colaborar y auxiliarse mutuamente en la investigación y represión de los delitos de corrupción.

Por último, solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y de Camargo Correa sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos”.