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Legislatura
IDT
25 de septiembre de 2014 | 17:00

Otra batalla de la Cámpora contra la Justicia

Por Francisco Quintana  -Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -

Legislador Francisco Quintana

La Cámpora elije sus batallas y una de sus favoritas es definitivamente contra la Justicia, para amurallarla. A una semana de sumar una nueva derrota en las elecciones de los abogados en la Ciudad para el Consejo de la Magistratura y cerca del mismo resultado en la que se juega la representación de las provincias, la Campora quiere modificar las reglas para decidir sobre el acceso a la Justicia.

Esta agrupación pretende que los abogados tengamos que solicitar una doble matrícula para poder ejercer nuestro trabajo, una ante los tribunales de nuestra provincia y otra para pedir por los derechos de la gente ante organismos tan sensibles para el poder como la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hoy en día, los abogados matriculados podemos litigar ante tribunales locales, en los federales de nuestra jurisdicción y ante la Corte Suprema. A partir de la sanción de este proyecto, nos quitan el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero eso no es todo, no sólo quieren que tengamos que sacar dos credenciales, pagar dos matrículas y sumar trámites, sino que la forma de administración de la matrícula federal que proponen es un verdadero misterio y queda a cargo de una entidad como la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA), que ni siquiera fue creada por ley. Es decir, se le entrega a un ente cuasi inexistente una discrecionalidad amplísima para definir quiénes pueden y quiénes no, reclamar derechos ante el fuero federal y la Corte Suprema.

Además, el proyecto de ley presentado por el diputado kirchnerista Wado de Pedro que tiene como objetivo crear esta nueva y única matrícula federal, no establece siquiera las formas para su otorgamiento y denegación, ni los procesos disciplinarios a seguir o las sanciones pasibles de ser aplicadas. Entonces, la FACA puede decidir si dar o quitar el derecho de ejercicio de la profesión, casi como un antojo, a su libre discreción. Esto actualmente no pasa y de avanzar, constituye un verdadero peligro para la salud de nuestro país.

Los abogados somos parte esencial en la Justicia, porque somos los responsables de representar a la gente para pedir por sus derechos en tribunales, todos los días y para cada caso en particular. Para asumir este compromiso hoy se nos piden credenciales y tenemos normas de ética que regulan nuestro ejercicio y colegios profesionales que nos controlan para que ofrezcamos el mejor servicio y nos defienden para que podamos ejercer nuestra profesión en libertad.

Este proyecto de ley nos sigue poniendo en la cornisa y es la decisión de todos los argentinos si queremos pisar tierra firme y seguir por el camino de la república y la democracia o lanzarnos a los caprichos mesiánicos de un grupo de gente. Los derechos si no pueden ser exigibles, es como si no existieran.