“Nosotros no tenemos un ensañamiento con el Gobierno de la Ciudad”

El Ministerio Público Tutelar es un organismo que integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como su misión principal promover la justa aplicación de la Ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental. Para conocer detalles acerca de las tareas que se realizan NoticiasJudiciales.INFO entrevistó a su titular, la Dra. Laura Musa -Asesora General Tutelar de la Ciudad -.

¿Dentro NoticiasJudiciales.INFO del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires cuál es el rol que cumple el Ministerio Público Tutelar?

El área que específicamente abarcamos nosotros es el cumplimiento de los derechos y garantías que tienen los niños - de 0 a 18 años - que viven en la Ciudad de Buenos Aires, aunque nosotros no ejecutamos políticas sociales para la infancia, sino que esto corresponde al orden de la competencia del Ejecutivo porteño. Este es un organismo judicial, que históricamente tuvo el rol de controlar a la sociedad pobre, a los niños y eventualmente a través de la intervención de la Justicia ordenar medidas de protección que eran en general la internación de niños en los viejos institutos de menores. Pero desde el año 2005 - cuando se derogó la Ley de Patronato, que tenía más de 100 años de vigencia - tenemos una norma nacional que dice que la política social no podrá estar en manos de la Justicia, ya que sólo podrá tener participación en aquellos casos en los cuales se tomen las medida más dramáticas de la decisiones esto es, cuando se separa a un niño de su familia, acá debe controlar la legalidad de todo el proceso. Pero también dice es que competencia de esta área los tribunales de familia, competencia que aún no fue traspasada, por lo tanto desde esta asesoría hemos reformulado nuestro rol y, entonces no nos dedicamos a investigar porque una madre esta mendigando o estar encima de los problemas de escolaridad en algunos, que son nuestra competencia en el caso de que el niño este atravesando un expediente judicial.

¿Pero, cuando los problemas afectan a más de un menor también intervienen?

La suma de casos individuales me muestra una tendencia o un problema sistemático y entonces pongo la mirada por el rol que asigna la Ley Nº 1903 para controlar las políticas públicas y de ese modo busco la agencia estatal que debería haber evitado que tantos chicos estén con problemas escolares. En este caso se establece un control que se basa en oficios, hasta que se agoten todos los caminos extrajudiciales, luego de esto se debo iniciar algún amparo para que el Gobierno de la Ciudad cese en su omisión ante un determinado servicio.
Además, contamos con un área penal, pero solo con las competencias que fueron delegadas. En este caso tenemos un organismo altamente especializado en menores de edad en conflicto con la Ley Penal. Se pudo avanzar bastante gracias a la colaboración de la Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia de la Ciudad, hemos logrado elevar el estándar de los chicos detenidos en la Ciudad, mejor dicho los menores que son detenidos en la Ciudad por delitos de la Ciudad ya no van más a comisarías, porque además esto esta prohibido por la Ley Penal Juvenil porteña, que deja en claro que los chicos que comentan delitos no pueden estar en lugares dirigidos por fuerzas de seguridad y las comisarías lo son. Sin embargo los que comenten un delito dentro de la órbita de aquellos que están en la Nación en la misma ciudad van a las dependencias y entonces se tiene un doble estándar. Por ejemplo cuando el chico es acusado de portación de arma, va un centro de detención especializado, pero si con el arma realizó un robo o lesiones graves, termina en una comisaría. Es el mismo chico, vive en la misma ciudad. Necesitamos mejorar este estándar.

¿Cómo controlan los casos de los menores que por alguna causa están internados en instituciones?

Tenemos otra área que demuestra que las políticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad dirigidas a los sectores más pobres, terminan en las internaciones de los menores, las cuales se realizan en lugares contratados por el Estado La ley es clara, esta prohibida la internación por pobreza, sino por ejemplo tendríamos a todos los chicos del conurbano internados. Sólo se debe tomar esa decisión cuando se agoten todas las medidas posibles. Nos tenemos que poner en el ejemplo de una familia desarticulada, muy pobre, que vive en la villa, que esta juntando cartón, tenemos pobreza y un montón más de problemas y derechos vulnerados. La pobreza vulnera derechos. Uno puede no resolver la pobreza estructural, pero lo que se deber hacer es tomar las medidas necesarias para evitar mayores daños. Estas medidas de protección pueden ser acompañar a esa familia, conseguirles un alojamiento, un subsidio, ponerles un acompañante de vínculos familiares, que les informe las distintas puertas del estado que se pueden tocar para recibir ayuda. Hay muchas formas en las que el estado colabora, y que son usadas por la clase media. El que esta excluido aprovecha menos los beneficios. Para esto deberían haber operadores que estén sobre estos sectores vulnerables para informar, para juntar lo que el Estado tiene, con las familias que lo necesitan. Muchas veces no es inventar y gastar más recursos, es saber conectar.

¿Entonces el paso a una institución es una medida excepcional?

Una vez que se agotaron todas las posibilidades, por diferentes motivos, es que correspondería como ultima alternativa y por el menor tiempo posible la internación del menor, en lugares que están conveniados, eran ONGS que se transformaron en hogares y centros de atención. Cuando el Estado carece de todas las alternativas, entonces deja de ser la medida excepcional para pasar a ser la única. Por cada menor se paga una cifra cercana a los 2 mil pesos por mes, pensemos que si este dinero, al menos una parte fuera transferido a la familia y otro en sueldo para los que ayudan, entonces tendríamos una familia armada.

¿Cómo controlan el ingreso a estos hogares?

Nosotros estamos permanentemente exigiendo a los hogares que nos informen las altas de los menores. Esta es nuestra forma de controlar que se respetaron los procesos. Nos tienen que demostrar que se dictaron las medidas, y no que solo fue internado y nada más. El Estado al igual que un ciudadano tiene que cumplir con todos los trámites para realizar este tipo de medidas. Nosotros estamos en un rol de exigencia. Al inicio de nuestra gestión no teníamos acto administrativo, ahora lo estamos haciendo cumplir.

Se supone que durante el momento en el cual el chico esta internado, se debe ir trabajando en las soluciones para éste, recordemos que tiene que estar por el menor tiempo posible, pero sino se trabaja con las familias o con algún referente sigue permaneciendo. Que siga internado es bueno para la institución, ya que por el recibe una cápita segura y por otro lado tranquiliza al Estado, a raíz de que no esta en la calle, come y duerme bien. Pero el proyecto de vida de nadie puede ser la institución. Se deben volver a generar las condiciones para que el chico vuelva con su familia.

¿Cómo es su relación con el Gobierno de la Ciudad?

Nosotros no tenemos un ensañamiento con el Gobierno de la Ciudad, nosotros cumplimos con nuestro rol de contralor, y eso debe quedar claro. Intentamos no agredir a nadie, sólo tratamos de elevar el estándar de cumplimiento de derechos, siempre tenemos que pedir un poco más para que se cumplan.

Desde la Ciudad siempre dicen que es un trabajo muy arduo, ¿Qué opina al resepcto?

Coincido con el Gobierno en que el trabajo es muy difícil, pero uno esta en ese rol porque quiere estar. Estamos frente a una manda de legal que se tiene que cumplir. La tensión que tenemos siempre con el Consejo de Derechos del Niño es justamente que es necesario externar los chicos en condiciones viables lo antes posible y el nivel de salida de éstos es muy lento, entonces siempre tenemos una media de entre 1300 y 1500 internados. Entiendo que hay provincias en las que hay muchos más, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene excelente presupuesto y leyes modernas. Desde el inicio de la autonomía se trabajó con la Convención de los Derechos del Niño. No se debe judicializar la pobreza. Se deben resguardar derechos y la calidad, esto es lo que nosotros tenemos que controlar.

También trabajan mucho respecto de la salud mental, ¿Qué nos puede decir al respecto?

Por ejemplo tenemos los chicos que estaban internados en el "Hospital Infanto Juvenil Tobar Garcia" que es un neuropsiquiátrico de primer nivel, en donde se compensa a los que padecen algún problema psiquiátrico, que llegan por el consumo de drogas o por problemas de salud. En este caso cuando eran chicos levantados de la calle por el SAME o que estaban alojados en algunos de los hogares, mientras se les buscaba un lugar para continuar su atención, una vez que tenían el alta, se los dejaba internados en ese centro asistencial. Esto era muy grave dado que no se puede hacer política social al mantener a un chico en un manicomio. Tuvimos que iniciar un habeas corpus, a raíz de que los chicos que estaban ahí no se podían ir, pero por otro lado tenían la orden de externación. No queremos hacer las inferiores del borda, por eso actuamos para sacarlos.

¿Los problemas que comenta, se relacionan con temas de presupuesto?

El presupuesto no es un problema de la naturaleza, lo hace y lo define la misma gente, que es la misma que lo pelea en la Legislatura. La decisión política de cada área de infancia primero que nada la ve la misma área. Yo en el momento que lo piden veo y les digo que me parece que no les va alcanzar para logar reparar los derechos vulnerados. La administración tiene el rol de la definición del organismo. Cuando no hay plata para sacar a un chico de un lugar de internación es porque no se previó.