La seguridad e inseguridad y los saqueos

Algunos afirman que tenemos seguridad en las personas y los bienes, sin embargo todos los días hay asaltos y muertes de personas de distintos estratos sociales y en distintos lugares del país. La inseguridad no es una sensación, pese a que tenemos cámaras que nos vigilan durante todo el día; la SUBE que informa cuándo y dónde viajamos; nuestros teléfonos celulares que saben cómo y desde dónde llamamos y con quién hablamos; y que las calles de la ciudad están pobladas durante algunas horas diurnas de policías, no tanto durante las horas nocturnas.

Esta inseguridad no es el resultado de un día sino de años de desatención del tema o de querer resolverlo, apenas, desde las consecuencias. Las causas son las mismas en todo el planeta: las personas son sometidas a la pobreza y la marginación, especialmente los jóvenes que, sin futuro, no tienen otra salida que el delito y ahora, en algunos casos, trabajar para los narcotraficantes (como vendedores,  sicarios, etc.). Es decir, de las causas de la inseguridad nadie se ocupa y cada día sumamos más marginados, sin educación ni posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

A su vez, cada fin de año desde 1989 nos encontramos con una nueva modalidad “colectiva” de delitos: los “saqueos”, productos de la misma marginación pero que cuentan con la promoción de los punteros políticos e incluso con la ayuda encubierta de funcionarios públicos y que, seguramente, se repetirán cada fin de año porque es la nueva variante delictiva de las mafias Infra-poder.

En la obra “La zona Gris”, de Javier Auyero, se describe y documenta con exactitud cómo se organizan los saqueos, y se destacan cinco actores fundamentales: los funcionarios públicos –seudo señores feudales– que dirigen en el anonimato; los punteros –que conviven con las barras bravas y la marginación-; las Agencias de Seguridad –que liberan zonas-; la población marginal – a la que en principio se le promete alimentos para las “fiestas” y luego por medio  de “promotores o punteros” se las empuja a los asaltos como “reivindicación social justa”- y por último, el Poder Judicial -que en algunos casos no puede actuar porque el organismo de investigación no le suministra los elementos y en otros casos, porque se ve obligado a no investigar por presiones políticas (amenazas solapadas, hasta de las propias autoridades en discurso públicos)-.

Lo dramático es que cada día que pasa sumamos más marginación –a fin del 2012 había un millón y medio de adolescentes que no estudia ni trabaja- y que constituye los reclutas para los punteros políticos, las barras bravas y lo que es peor, los trabajadores para los narcotraficantes.

Cuando se exaltan los derechos humanos del pasado (lo que sin duda es para el aplauso), ¿no se estarán olvidando del presente y de la aniquilación que se está cometiendo con miles de adolescentes que son marginados? ¿No será hora de dejar el populismo y ponerse a trabajar en serio por la recuperación de estos seres humanos? ¿O será que al hacerlo se perderá la obsecuencia y la dominación sobre estos seres masificados? En mi humilde opinión la tarea no ha empezado, y lamento señalar que ya hemos perdido y seguimos perdiendo muchos adolescentes. Es tarea y obligación constitucional de quienes gobiernan revertir esta situación con políticas de estado y cesar con las políticas gubernamentales clientelistas.