La Justicia pide el pase

La Justicia para los porteños está en un limbo. En una paradoja que afecta su identidad y su potencial, porque hace años que los tribunales civiles, comerciales, laborales y penales deberían estar bajo la gestión de la Ciudad y, sin embargo, son los botines de guerra de un Estado Nacional que los entiende como conquistas de poder.

Desde 1994, los tribunales nacionales deben ser transferidos a la órbita de la Ciudad. Al igual que la policía, el puerto y el transporte, para citar algunos ejemplos. La Constitución Nacional es clara al respecto y otorga a nuestra querida Buenos Aires el status jurídico similar al de una provincia.

Sin embargo, más de 20 años después, seguimos pidiendo una actitud cooperativa del Estado Nacional para que nos traspase la totalidad de la Justicia Nacional con sus recursos. Porque es lo que corresponde para defender los derechos de los vecinos y, sobre todo, porque la Ciudad está en condiciones de ofrecerles un servicio más accesible, eficiente y rápido, con respuestas concretas para sus conflictos cotidianos. Ya se viene haciendo con las competencias judiciales que hoy están a su cargo.

El reclamo no es nuevo, pero evidentemente tendremos que apostar a un cambio de signo político en el Gobierno Nacional para establecer, con diálogo, una estrategia conjunta para avanzar en la autonomía de la Ciudad y para planificar soluciones únicas para problemas comunes entre los habitantes del área metropolitana.

En el centro de estas cuestiones está la gente, la negociación de cómo pueden ejercer sus derechos es cruel, principalmente hacia ellos y hacia la propia gestión judicial que se ve deteriorada por la falta de recursos que no provee el gobierno nacional para mejorarla en términos de procesos más eficientes e infraestructura que le permita saltar a la modernidad que puede ofrecernos las nuevas tecnologías.

La autonomía que reclama la Ciudad no es meramente un titular, sino un derecho y una obligación para que los vecinos estén mejor, en igualdad de condiciones que sus pares de otras provincias y con la calidad de los servicios orientados a su favor, de su lado, para su bienestar cotidiano. Apostamos a que los nuevos aires de cambios políticos nos ofrezcan las garantías para poder cumplir con los derechos de la gente. Y ofrecerles no sólo titulares como derechos, sino recursos para que, fácilmente, puedan ponerlos en práctica.