"Juicio a las juntas terroristas, un hecho histórico”

En estos días se cumplen 25 años de de la sentencia que condenó a prisión perpetua a Jorge Rafael Videla y a Eduardo Emilio Massera, los máximos responsables militares de la dictadura más brutal que haya existido en nuestro país, bajo un plan sistemático basado en crímenes de lesa humanidad, que dejó un saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, más de 12.000 presos políticos, un número indeterminable de millares de exiliados, y un país devastado y controlado mediante el terror, con huellas de dolor y traumas que no han podido borrar las décadas transcurridas.

El juicio, impulsado por un gobierno constitucional y ante un tribunal integrante del Poder Judicial de la Nación, que ofreció a los imputados todas las garantías del debido proceso legal, sentó por primera vez el precedente de que no era necesario tribunales internacionales ni procedimientos especiales para juzgar un exterminio sistemático de la población civil.

Constituyó un hecho histórico de enorme trascendencia histórica. Junto al informe de la CONADEP, implicó el reconocimiento del Estado democrático, de que todas las denuncias realizadas por los familiares de las víctimas y los organismos de derecho humanos en el país ante la comunidad internacional eran una trágica verdad. Como en todo hecho histórico, podemos advertir conos de sombra, pero que no pueden empequeñecer su sentido esencial.

Es cierto que hubo penas menores para otros idénticos responsables y también cuatro absoluciones y además un ausente no procesado que compartió igual responsabilidad con los miembros de las Juntas militares: su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; también hubo severas especulaciones si no había sido precedido por un pacto secreto de las autoridades nacionales con las fuerzas armadas para limitar el juzgamiento a sus cabezas indefendibles, convirtiendo el proceso en un simbólico Nüremberg muy acotado, sospecha acrecentada con el posterior dictado de la leyes del perdón: la obediencia debida y el punto final.

Más allá de estos conos de sombras, la memoria de los argentinos recordará por siempre aquel día luminoso en que la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional sentenció a Videla y a Massera a prisión perpetua -fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- quebrando la lógica histórica de los golpistas argentinos autores de los sucesivos golpes militares, que gozaron de impunidad por el resto de sus días una vez abandonado el poder.

También dirá el discurso narrativo de la memoria que fueron vanos los esfuerzos realizados en las dos décadas siguientes por civiles y militares para desandar ese camino. Que la tenacidad y la valentía del movimiento de derechos humanos encabezado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y la llegada al gobierno del presidente Néstor Kirchner, hicieron posible que se iniciara un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que quebró definitivamente la impunidad.

Que a diciembre de 2010, faltando conocer aún la suerte de 53 represores procesados que conocerán su sentencia antes de fin de año, el resultado es este: se han reabierto más de 1.000 causas por crímenes de lesa humanidad y sobre un total de 783 imputados con procesamiento, hay ya 146 condenados casi todos ellos a penas de prisión perpetua o de 25 años de cárcel, entre miembros de las Fuerzas Armadas, personal de las Fuerzas de Seguridad y civiles.

La memoria histórica se complementará con los juicios que comenzarán en el año 2011, y los ya iniciados en pleno desarrollo procesal, como son los de la ESMA, Margarita Belén, Patti, Díaz Bessone y en Mendoza, que tendrán sentencia en el año que se inicia.