Emitió nueva recomendación el Sistema de Control Judicial de Unidades Carcelarias

El Sistema de Control Judicial de Unidades Carcelarias emitió una nueva declaración con el fin de promover el acceso efectivo a la prestación de servicios de asistencia médica de las personas privadas de libertad.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce informe generado por la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal:

“En un acto realizado el pasado lunes en la sede la Defensoría General de la Nación, los miembros del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias emitieron la IV Recomendación, sobre “Derecho a la salud. Acceso efectivo a la prestación de servicios de asistencia médica de las personas privadas de libertad".

En el acto de rúbrica estuvieron presentes la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; el presidente de la Comisión de Ejecución Penal de ese tribunal, Gustavo M. Hornos; los jueces integrantes Mirta López González, Sergio Paduczak, Martín Vázquez Acuña; el procurador penitenciario Francisco Mugnolo y los directores Ariel Cejas Meliare y Carlos Acosta, los jueces de ejecución penal Axel López y Marcelo Peluzzi. Por la Procuración General de la Nación –Procuraduría contra la Violencia Institucional-, Abel Córdoba: Ricardo Richiello y Marcela Piñero, por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación; Eva Asprella, en representación del CELS; Guillermo Fanego, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y funcionarios invitados especialmente para la ocasión.

El juez Hornos recordó el objetivo fundamental de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad –núcleo central conformador de este espacio plural e interinstitucional-, destacando el valor de la persona humana -que no pierde por su detención la protección de la Constitución Nacional y las leyes-, como objeto de tutela.

Destacó el derecho a la salud como un derecho vital, inherente y esencial, sin el cual no se pueden alcanzar los demás.

Recordó que ya desde su origen el Sistema se había propuesto emitir una recomendación referida a la asistencia médica efectiva en lugares de encierro -luego de la que protege el Derecho a la Vida-, pero que la realidad había marcado otra agenda, cargada de urgencias, violencias y necesidades, y que había sido esa misma realidad la que a través de los numerosos Monitoreos había dejado demostrado que la atención medica era deficitaria.

Que, en efecto, numerosas circunstancias retrasan, dificultan o  impiden el acceso a medidas de prevención, diagnóstico y asistencia médica en las Unidades de detención o en Centros extramuros.

La defensora general de la Nación expresó su reconocimiento y agradeció a los miembros del Sistema por la labor realizada. Se refirió especialmente al Sistema como un espacio de consolidación de derechos para las personas privadas de libertad y puso a disposición de sus miembros el ámbito de la Defensoría General para futuros encuentros.

El documento que, como en otras oportunidades también fue firmado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomienda al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al ministro de Salud y a la ministra de Desarrollo Social lo imperioso de generar dispositivos institucionales de atención que garanticen el acceso a la salud de las personas detenidas.

Se señala la necesidad de establecer condiciones sanitarias elementales, como alimentación, agua limpia y potable en cantidad suficiente y adecuada.

También se tuvo en cuenta la perspectiva de género, respecto de la necesidad de cubrir la problemática específica de la salud de la mujer y de los niños alojados en Unidades con sus madres, cuyo interés superior debe primar.

Asimismo, se analiza la problemática relativa a los adictos detenidos y se prevé la accesibilidad de las personas detenidas a la prevención y tratamiento específico e integral de enfermedades infectocontagiosas.

Y, en este sentido, se convoca a jueces, fiscales y defensores a que realicen monitoreos periódicos de las condiciones de promoción, prevención y asistencia de la salud, que permitan acciones efectivas de contralor y sanción.

Por último, los miembros del Sistema le solicitan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la oportuna intervención de personal del Cuerpo Médico Forense en las unidades de detención, en el ámbito de su incumbencia.

Hornos destacó el papel que ha venido desempeñando cada uno de los miembros del Sistema y el sacrificio personal de sus miembros. E invitó a los presentes a extender la protección de nuestra Constitución Nacional sobre los que más la necesitan, especialmente sobre los que creen en su espíritu y sus principios aún sin conocer su letra”.