28 de enero de 2015 |
17:00
El Juez Marcelo López Alfonsín ordenó entregar agua potable
Es una decisión que beneficia a los habitantes del barrio La Esperanza de Villa Soldati
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CMCABA- informó que el Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Marcelo López Alfonsín ordenó la entrega de agua potable para los habitantes del barrio La Esperanza de Villa Soldati. El Juez Marcelo López Alfonsín precisó que el agua es “un elemento esencial y de primera necesidad para la vida humana y es un elemento vital –en el sentido más literal del término– pues sin ella la vida humana resulta inviable”.
NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por el CMCABA:
“Marcelo López Alfonsín, juez de feria del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, admitió el último 27 de enero la denuncia impulsada por vecinos del Barrio La Esperanza, que reclamaban por la escasez y la calidad del agua provista por el Gobierno de la Ciudad. Considerando las altas temperaturas que se registraron en los últimos días y que el agua es un bien esencial para la alimentación y la higiene, el magistrado resolvió rechazar el pedido de prórroga solicitado por el Gobierno de la Ciudad, y le ordenó comenzar con el abastecimiento en un plazo perentorio de 24 horas una vez notificada la resolución.
El magistrado fundamentó su decisión en normativas y jurisprudencia que agregan el derecho al agua al conjunto de derechos humanos. Según el juez, el agua es “un elemento esencial y de primera necesidad para la vida humana y es un elemento vital –en el sentido más literal del término– pues sin ella la vida humana resulta inviable”, por lo que es una obligación de los Estados la plena efectividad del derecho a su acceso.
A su vez, el Gobierno porteño “deberá informar en la causa día, hora y lugar del comienzo del suministro a fin de que el tribunal se constituya en el sitio a fin de verificar las condiciones y modalidades del cumplimiento de lo ordenado”. López Alfonsín estableció la imposición de astreintes en caso de incumplimiento, que recae sobre “la persona de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y/o quien la reemplace legalmente” por una suma de 50 mil pesos diarios”.
