06 de noviembre de 2014 |
17:00
Desmienten acusaciones sobre acceso a información reservada de una Fiscalía
La Procuración General de la Nación también informó que el Fiscal César Augusto Troncoso se encuentra sometido a un proceso disciplinario.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación –MPFN- desmintió acusaciones sobre acceso a información reservada de una Fiscalía. Desde el MPFN señalaron que resulta necesario aclarar que no existe ni existió ningún tipo de injerencia indebida sobre la actividad de los magistrados que forman parte de este Ministerio Público y que el Fiscal César Augusto Troncoso se encuentra sometido a un proceso disciplinario.
NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por el MPFN:
“Ante las versiones periodísticas que atribuyen a funcionarios de esta Procuración General un supuesto acceso a información reservada de una fiscalía -que algunos medios llegaron a calificar como “espionaje a fiscales”- resulta necesario aclarar que no existe ni existió ningún tipo de injerencia indebida sobre la actividad de los magistrados que forman parte de este Ministerio Público.
La noticia de la que se hicieron eco distintos portales de Internet se originó en una denuncia presentada por el fiscal de instrucción de la ciudad de Buenos Aires César Augusto Troncoso, quien se encuentra sometido a un proceso disciplinario.
El sumario contra el fiscal Troncoso comenzó a partir de una denuncia realizada por la jueza Wilma López en el año 2011, quien objetó su actuación en diversos expedientes por violencia de género. En 2012, el Ministerio de Seguridad sumó una nueva presentación contra Troncoso por la negativa a investigar y el intento de archivar una causa que involucró a funcionarios de la Policía Federal. Los efectivos estaban acusados de violar y explotar sexualmente a dos niñas de 13 y 15 años, entre 2009 y 2011, en dependencias de la Policía Montada en la ciudad de Buenos Aires. El fiscal sostuvo que no había delito y atribuyó los hechos a “una situación de índole social” en la que “se pretende que la justicia penal resuelva situaciones de carencia”. Troncoso fue recusado a instancias de la querella y reemplazado por el fiscal Fernando Fiszer, quien impulsó la investigación. Los imputados fueron procesados tras el apartamiento de Troncoso y la causa se encuentra actualmente en un tribunal, ante el cual afrontarán un juicio oral y público en el que podrían ser condenados por estos delitos.
En mayo de 2013, luego de que emitiera opinión el Consejo Evaluador, se inició el sumario disciplinario a cargo del fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo. En la misma resolución, se ordenó una auditoría de la fiscalía para verificar la veracidad de las denuncias y determinar si el fiscal Troncoso había tenido conductas similares en otros casos que involucraban a mujeres, niñas y adolescentes.
En el marco de estas actuaciones, Colombo dio intervención al Programa de Género del MPF, a cargo de Romina Pzellinsky, para que emita opinión respecto de la actuación de Troncoso en diversas causas sobre violencia de género. En su dictamen, Pzellinsky informó que la actividad de Troncoso resultaba contraria a la política criminal definida por la Procuración, la cual motivó la creación del Programa de Género. Entre otras cosas, se verificó la existencia de un patrón discriminatorio que llevaba en la mayoría de los casos al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados.
El Programa de Género, creado en noviembre de 2012, realiza un seguimiento de todas las causas y recibe copia de los legajos de la Oficina de Violencia Doméstica, de acuerdo al convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias a esta labor se ha fortalecido la respuesta del Ministerio Público en este tipo de casos, que había sido denunciada como deficitaria por la propia Corte Suprema, y se ha logrado reducir los índices de impunidad.
El sumario disciplinario contra el fiscal Troncoso se encuentra en la etapa de elaboración del informe final a cargo del fiscal Colombo. Una vez elevado ese informe, la Procuradora General deberá resolver cómo continúa el proceso y podrá disponer el archivo del caso, la sanción disciplinaria o la elevación al jurado de enjuiciamiento”.
