“Esta política promueve la violencia institucional hacia trabajadoras sexuales”

La Defensora General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Marcela Millán afirmó “esta política promueve la violencia institucional hacia trabajadoras sexuales” y resaltó que esto “se encuentra en contradicción con las políticas de ampliación de ciudadanía y protección de derechos que viene implementando el Estado Nacional”. Desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -MPDCABA- señalaron que la Dra. Marcela Millán participó presentación del proyecto de ley para la derogación del Art. 96°- Ex 86° - del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPDCABA:

La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la CABA, Marcela Millán, participó de la presentación del proyecto de derogación del artículo 96 (ex 86) del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.

En la mesa estuvieron presentes la diputada Victoria Montenegro, autora del proyecto, Georgina Orellano, titular de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina),  Vanina Escales del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), María Bielli y Claudio Morresi, legisladores de la Ciudad.

Durante la reunión, realizada en la Legislatura porteña, las trabajadoras sexuales, las funcionarias y los organismos de derechos humanos exigieron la derogación del artículo y denunciaron la violencia institucional que viven las trabajadoras sexuales por la vigencia de esta normativa.

Millán recordó que desde sus orígenes este artículo del Código Contravencional promovió una política de persecución sistemática de las trabajadoras sexuales en la Ciudad de Buenos Aires por parte de las fuerzas de seguridad, con el aval del Ministerio Público Fiscal: “Esta política promueve la violencia institucional hacia trabajadoras sexuales y se encuentra en contradicción con las políticas de ampliación de ciudadanía y protección de derechos que viene implementando el Estado Nacional”, sostuvo la Defensora General.

Además, alertó que la situación actual se encuentra agravada porque las trabajadoras sexuales no solo son objeto de causas contravencionales, sino de causas penales por el traspaso de competencias del ámbito federal a la Ciudad, sumándose a las causas por contravención, los delitos penales de atentado y resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes. De esta manera se constituyen en figuras que utilizan las fuerzas de seguridad para direccionar el uso de la violencia de manera selectiva, criminalizante y discriminatoria.

El MPD se comprometió a acompañar el proyecto, aportando sus propias estadísticas respecto de las cifras de violencia institucional en la Ciudad, con el objetivo de defender los derechos humanos de todas las personas que habitan la CABA y frenar las políticas de persecución ejercidas por las fuerzas policiales”.