El Gobierno de la Ciudad debe pagar una indemnización por un accidente registrado hace 16 años
En el año 1994 una mujer tropezó en una vereda donde se estaban efectuando reparaciones y posteriormente cayó en un pozo lleno de agua.
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La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó al Gobierno de la Ciudady a los frentistas del inmueble ubicado en la calle Presidente Juan Domingo Perón 1341/43 el pago de una indemnización - $ 37.000 - a una mujer que 16 años atrás tropezó en una vereda donde se estaban efectuando reparaciones y posteriormente cayó en un pozo lleno de agua. La medida fue dispuesta en el expediente “F D G E Contra Gcba Y Otros Sobre Daños y Perjuicios (Excepto Resp. Medica)”. Los Jueces de Cámara Nélida Mabel Daniele y Esteban Centanaro confirmaron la sentencia dictada en Primera Instancia
NoticiasJudiciales.INFO pudo constatar que el día 14 de Marzo de 1994 la demandante, mientras caminaba por la calle Presidente Juan Domingo Perón, tropezó con unas baldosas flojas en la vereda en la que se estaban efectuando reparaciones y cayó en un pozo lleno de agua.Tambien la mujer accidentada señaló que llovía intensamente y que el piso estaba resbaladizo. Posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica - colocación de una prótesis metálica - a raíz de la doble fractura expuesta del fémur derecho sufrida. En el año 1995 la mujer fue operada nuevamente para recibir un clavo completo.
“Tiene la obligación de mantener las aceras en buen estado” señalaron los Jueces de Cámara Nélida Mabel Daniele y Esteban Centanaro sobre el Gobierno de la Ciudad al precisar además que cuenta con el rol de propietario y de titular del poder de policía sobre las calles.También señalaron que la actora tropezó con un caño que sobresalía de la vereda de la calle Presidente Juan Domingo Perón 1341/43. Los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires además concluyeron en que el Gobierno de la Ciudad “resultaba responsable (en concurrencia con los propietarios frentistas) por los daños que ocasionaron la litis, por lo que tiene el deber de repararlos”.