Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial

Se celebró hoy en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- AMFJN - un acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial que cuenta con el aval de los dirigentes políticos Sergio Massa, Julio Cobos, Graciela Ocaña y José Manuel de la Sota, entre otros.

La iniciativa que lanzó la AMFJN tiene por finalidad recabar el compromiso de los dirigentes y representantes de los principales partidos políticos, en pos de afianzar la justicia, asegurando la plena vigencia del principio de separación de poderes que reconoce correlato ineludible en la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Nación.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce el acuerdo generado por la AMFJN:

“Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial

-Para afianzar la República-

Ante la situación y hechos de público conocimiento que resultan demostrativos de la crisis institucional que atraviesa la República Argentina, que poseen entidad suficiente para comprometer el sistema republicano, representativo y federal que esta Nación se ha dado en la oportunidad fundacional, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se ha abocado a la tarea de recabar el compromiso de los dirigentes y representantes de los principales partidos políticos, en pos de afianzar la justicia, asegurando la plena vigencia del principio de separación de poderes que reconoce correlato ineludible en la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Nación.

La fortaleza institucional del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos no resulta un privilegio de sus integrantes, sino la garantía primaria y más elemental de la plena vigencia y reconocimiento de los derechos de todos los habitantes.

Bajo los aludidos principios medulares, respondiendo a la convocatoria realizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, los representantes de los partidos políticos que suscribimos la presente asumimos de manera irrevocable el compromiso que, como política de estado, a continuación se enuncia:

La independencia del Poder Judicial de la Nación será garantizada y respetada por los demás órganos públicos y los actores de la vida política e institucional de la República, principio que naturalmente comprende el aseguramiento de su autonomía financiera.

Los poderes públicos respetarán la labor del Poder Judicial de la Nación de modo irrestricto, absteniéndose de interferir de cualquier manera en el desempeño de sus funciones; circunstancia que comprende el incondicional e inmediato acatamiento de las sentencias y decisiones que éste dicte.

III. El Consejo de la Magistratura de la Nación cumplirá con transparencia y eficiencia sus funciones y misiones constitucionales, asegurando la eficaz prestación del servicio de justicia y la independencia de los jueces. El Congreso de la Nación  velará por el permanente equilibrio en la integración del Consejo y éste garantizará transparencia en los concursos públicos y se abstendrá de enjuiciar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Los procedimientos disciplinarios jamás se convertirán en herramientas de asedio para sofocar la actuación de los jueces.

Garantizamos la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos, cuyo único principio rector de actuación deberá ser la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Se rechaza enfáticamente la partidización de los Ministerios Públicos  y su subordinación a cualquier poder público, partido político, persona o interés ajeno a su estructura. Las investigaciones que lleven adelante los fiscales serán respetadas por los demás órganos públicos, a la vez que se garantizará su libertad de criterios jurídicos. Los fiscales serán seleccionados a través de concursos públicos transparentes y no podrán ser enjuiciados por el contenido de sus dictámenes. Los mecanismos de remoción de los magistrados de los Ministerios  Públicos  asegurarán el debido proceso y sus decisiones no estarán sujetas a intereses partidarios.

Impulsaremos el dictado de normas que doten a jueces y fiscales de herramientas suficientes y eficientes para cumplir sus funciones constitucionales. En ese sentido, entre otras medidas, se preverá el traspaso a la órbita del Poder Judicial de la Nación de las oficinas encargadas de materializar las órdenes judiciales de intervención de las comunicaciones, actualmente dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (O.J.).                             

Dado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de febrero de 2015”.