“A mayor riqueza debe ser mayor el deber de contribuir”

El Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Horacio Corti afirmó “a mayor riqueza debe ser mayor el deber de contribuir” durante su participación en la Audiencia "Control del gasto público, políticas fiscales y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina”, en el marco del 168° período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos /CIDH. Desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –MPDCABA- señalaron que se aportó evidencia sobre el impacto de las políticas fiscales en el nivel de goce de los derechos económicos, sociales y culturales /DESC y para demostrar que estos derechos se encuentran en riesgo en la región.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPDCABA:

“El Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti participó de la audiencia "Control del gasto público, políticas fiscales y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina”, en el marco del 168° período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El evento se desarrolló entre el 3 y el 11 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana.

Junto a once organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, el Ministerio Público de la Defensa se presentó ante la Comisión a fin de aportar evidencia sobre el impacto de las políticas fiscales en el nivel de goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y demostrar que estos derechos se encuentran en riesgo en la región, con particular preocupación respecto de las poblaciones excluidas social y económicamente.

En su exposición, el Defensor General se refirió a la práctica judicial latinoamericana en materia de política fiscal y, en particular, a un aspecto central de los principios constitucionales sobre el que las Cortes de la región han reflexionado: “El deber de contribuir de acuerdo a la capacidad contributiva”. Al respecto, explicó: “Acá hay dos elementos, un deber y luego un criterio, que es la riqueza. Se trata de captar en la técnica jurídica algo muy intuitivo, que es que a mayor riqueza debe ser mayor el deber de contribuir”. Asimismo, señaló que las Cortes, al resolver litigios sobre derechos, reflexionan a su vez sobre el gasto público, el presupuesto del Estado y las restricciones financieras. “En algunas de ellas hay algo muy interesante y es que hacen utilización, en sus argumentos, de la doctrina que viene generando el sistema universal de protección”, afirmó. Y agregó: “La CIDH tiene la oportunidad para intervenir en este diálogo sobre derechos humanos y política fiscal, donde puede receptar lo mejor de la tradición jurisprudencial de nuestras Cortes y la doctrina que se viene generando con mucha profundidad en el sistema universal sobre la política fiscal”.

Desde 2015, cuando se realizó la primera audiencia sobre el impacto de la política fiscal en los DESC, esta cuestión tiene como objetivo cobrar centralidad en la agenda del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un hito esencial en este trayecto es el informe sobre “Pobreza y Derechos Humanos”, en el cual la CIDH advierte que la pobreza y la pobreza extrema no podrán enfrentarse sin un marco de políticas redistributivas, que reduzcan la desigualdad en la región. Además, señala que los principios de DDHH deben apuntalar las funciones de la política fiscal y la tributación.

En el marco de esta última audiencia, las organizaciones presentaron casos concretos de cuatro países en los que se evidencia la vulneración de derechos humanos en razón de los recortes presupuestarios o congelamiento de gastos en materia de los derechos elementales.

El informe también detalla que, pese al creciente reconocimiento de que las normas de DDHH deben aplicarse al control de políticas económicas, “la mayoría de países latinoamericanos no han aprovechado el enorme potencial transformador de la política fiscal para combatir la pobreza, la desigualdad y las violaciones estructurales de derechos”.

De hecho, destaca que hoy existen 187 millones de pobres en la región. Frente a esto, sostiene: “La combinación de reformas tributarias que graven la renta y la riqueza a través de impuestos progresivos, la derogación de privilegios tributarios inútiles, la implementación de estrategias efectivas de combate a la evasión y la elusión, así como un mejor diseño y control del gasto público, podrían generar recursos suficientes para erradicar la pobreza, contribuir al cumplimiento de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y superar los déficits históricos en los DESC”.

En este sentido, las organizaciones solicitaron a la CIDH, entre otros puntos, que elabore un informe sobre la dimensión fiscal que está en la base de las violaciones a los DDHH que aborda; incorpore, en los estándares que ha desarrollado, la obligación de los estados de proteger contra los abusos fiscales y los deberes de las corporaciones de contribuir a financiar los derechos humanos; invite a las instituciones de DDHH a implicarse en la vigilancia de la política fiscal; y que inste a los estados a cumplir con su obligación de proveer información sobre su política fiscal.

Las organizaciones peticionantes fueron: Center for Economic and Social Rights (CESR); Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); OXFAM Brasil; OXFAM; Conectas Derechos Humanos; La Plataforma de Derechos Humanos (DHESCA Brasil); Justiça Global; Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Foro Salud; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)”.