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03 de abril de 2024 |
17:00
“Todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional"
Afirmación del Presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Dr. Ricardo Gil Lavedra
El Presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Dr. Ricardo Gil Lavedra afirmó "todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional" tras la presentación por parte de la entidad que preside de un amparo contra el Estado Nacional por incluir a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones sospechosas en ciertos supuestos.
También el Dr. Ricardo Gil Lavedra precisó "el abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente" .También resalto que se le exige a los abogados "informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes”.Desde el CPACF señalaron que el Dr. Ricardo Gil Lavedra además que la iniciativa cuestionada " perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas".
NoticiasJudiciales.info reproduce texto difundido por el CPACF:
"El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal presentó hoy un amparo contra el Estado Nacional por incluir a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones sospechosas en ciertos supuestos. Al respecto, Ricardo Gil Lavedra destacó que “todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio”.
“En ese sentido, el abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente. Y además exigiéndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes”, aseguró el presidente del Colegio. Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “la ley es inconstitucional, y obviamente perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas”.
